Según el Tribunal Supremo (en su Sentencia 624/2024) es legal incluir una prohibición de prórroga en los contratos de arrendamiento.

El propietario y arrendatario en cuestión firmaron en su día un contrato en el que habían acordado que «“La duración del presente contrato no podrá ser prorrogada, por lo que la finca habrá de ser desalojada por el arrendatario en la fecha de vencimiento, sin necesidad de denuncia por parte del arrendador”.

A pesar de la claridad de la estipulación, una vez llegada la fecha de finalización del contrato, el inquilino se negó a desalojar el inmueble arrendado motivando la demanda de desahucio (por expiración del contrato) por parte del dueño, que fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia atendiendo al tenor del contrato y, argumentando que, sobre la base de la autonomía de la voluntad la renuncia a la prórroga pactada era perfectamente válida.

Sin embargo, la Audiencia Provincial estimó el Recurso de Apelación del inquilino, dando la razón a este en consideración a la imperatividad del sistema prórroga legal, sentenciado que no es posible la renuncia voluntaria a la aplicación de dicha prórroga.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha corregido a la Audiencia Provincial y, en su Sentencia 624/2024, ha dado la razón al propietario argumentando que “La interpretación de la cláusula del contrato no ofrece dudas […] Las prórrogas no dejan de depender de la voluntad del arrendador, con tal de advertir con un año de antelación al arrendatario de su voluntad […], no vemos que sea contrario convenir de antemano que tales prórrogas  no tendrán lugar”. Al amparo de dicho razonamiento el Tribunal Supremo da por finalizado el contrato en la fecha de vencimiento inicialmente fijada acogiendo la tesis de la parte arrendadora-propietaria.

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